El Ayuntamiento reafirma su disposición al diálogo con el vecindario de Vallpineda

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El Ayuntamiento reafirma su disposición al diálogo con el vecindario de Vallpineda

Ayuntamiento vecindario de Vallpineda. El Ayuntamiento de Sitges continúa el proceso para regularizar la situación urbanística de Vallpineda, en el ámbito PAZ 17.

El gobierno municipal reitera que la reparcelación y sus cargas económicas es un proceso establecido por ley que han cumplido todas las urbanizaciones.

Los pagos que el vecindario tenga que hacer se podrán acordar en varios plazos

El Ayuntamiento de Sitges continúa el proceso para regularizar la situación urbanística de Vallpineda, en el ámbito PAZ 17.

El Ayuntamiento ha notificado a los afectados que asume la gestión urbanística para hacer la reparcelación por el sistema de cooperación, tras constatar que la junta de propietarios no ha salido adelante esta reparcelación por ellos mismos con la fórmula de la compensación básica, tal como prevé el POUM de 2006. Con todo, ahora mismo está abierto el proceso de alegaciones a este cambio de sistema de actuación. Con el fin de resolver todas las dudas y analizar cada una de las situaciones. El Ayuntamiento subraya que se abre un espacio de encuentros presenciales mediante cita previa con el departamento de Urbanismo.

El concejal de Urbanismo, Eduardo Terrado, explica que

«todas las urbanizaciones de Sitges han cumplido con sus obligaciones urbanísticas derivadas del desarrollo del territorio. Normalmente, los mismos propietarios erigen en junta de compensación para llevar adelante la urbanización. Asumiendo los costes de cesión de las zonas verdes y los equipamientos «.

Terrado destaca que este «es un problema que se arrastra hace años, pero que se ha agravado en los últimos tiempos ya que la propiedad de terrenos calificados de zonas verdes han exigido al Ayuntamiento que les pagara el precio justo por el hecho de no poder construir. Y el Ayuntamiento ya ha recibido una sentencia donde se le obliga a pagar 5M € por un solar .Y ha llegado a un acuerdo con la propiedad de un segundo terreno para pagar 2,6M €, sin tener de ir a juicio «.

El Ayuntamiento ha avanzado estos pagos, por imperativo legal,

pero este es un coste que debe repercutir necesariamente en los propietarios del sector. Que son los que legalmente deben indemnizar a aquellos propietarios de su ámbito que no pueden disfrutar de sus propiedades, por estar las mismas destinadas por la legislación urbanística a cesiones.

Para el concejal de Urbanismo, Eduardo Terrado,

«el conjunto de Sitges no debe asumir un pago que deben asumir los vecinos de la zona. Por lo tanto, como no se ha hecho la gestión urbanística del ámbito por parte del vecindario. Lo hemos de gestionar desde el Ayuntamiento y tenemos que repercutir a la propiedad los pagos que corresponden «.

Con todo, Terrado asegura que «hablaremos con los propietarios para planificar un fraccionamiento y un calendario de pagos que pueda ser asumible en función de la situación de cada uno. Cuando se acrediten dificultades para pagar, estableceremos unos calendarios asumibles «.

El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Sitges continúa abierto a facilitar la información necesaria a las personas afectadas,

a través de reuniones personalizadas. De hecho, los responsables políticos y técnicos de este servicio ya se habían reunido con los dirigentes de las entidades vecinales de Vallpineda. Con el objetivo de que hicieran llegar la actualidad de este proceso urbanístico e informa los cientos de vecinos y vecinas de la zona.

El concejal Terrado afirma que «hemos explicado claramente la situación a los representantes vecinales» y lamenta que «quizás estas entidades vecinales no lo han podido hacer llegar a todos los propietarios. Todo el que quiera más información puede pedir hora y le facilitaremos, de forma personalizada «.

El responsable de Urbanismo recuerda que «en las conversaciones que tuvimos con las dos asociaciones vecinales, hace meses, ellos reconocieron que lo que se está haciendo es un trámite que no se puede soslayar y que es obligado por ley. Lo que pidieron es que se tuviera en cuenta la situación económica de los afectados, como así haremos «.