La fiscalía denuncia tres negocios de Sitges por contaminación acústica y acusa a los técnicos municipales de prevaricación
La Fiscalía de Barcelona denuncia tres negocios de Sitges por contaminación acústica. Por haber superado los límites acústicos legales, al tiempo que se ha querellado contra tres técnicos municipales por no haberlo supervisado.
El fiscal afirma que los tres negocios tenían limitadores de sonido que no estaban conectados al sistema de control,
De modo que el volumen sobrepasaba los topes legales y provocaba molestias a los vecinos. Ante esta situación, asegura, los técnicos locales mostraron una inacción «deliberada». Por todo ello, pide al juzgados de Vilanova que investiguen los responsables de los negocios. Por un delito contra los recursos naturales, la salud pública y el medio ambiente. Mientras señala los funcionarios por prevaricación medioambiental.
La fiscalía recuerda que el casco antiguo de silos concentra un buen espesor de locales de ocio nocturno. Donde hay reconocida una ZARE (zona acústica de régimen especial). Y apunta que «hace años» que estos establecimientos generan problemas de contaminación acústica. Esto, remarca, perjudica el descanso de los vecinos de la zona, con un «grave riesgo para la salud física y psíquica».
En la querella presentada en los Juzgados de Vilanova y la Geltrú sobre la denuncia tres negocios de Sitges por contaminación acústica
el ministerio público recuerda que en agosto de 2017 la Plataforma Vecinal de las calles Bonaire y Joan Tarrida presentó a la fiscalía una denuncia contra algunos locales por contaminación acústica. Al tiempo que responsabilizaba del Ayuntamiento de Sitges por inacción. A resultas de la denuncia vecinal, la Fiscalía asegura haber comprobado que el límite de sonido se ha excedido «con creces» e insta a la justicia a investigarlo.
El fiscal afirma asegura que la investigación realizada hasta ahora desde el ministerio público. «evidencia la tolerancia que determinados funcionarios del Ayuntamiento» han mostrado hacia la situación «durante un largo periodo de tiempo». En este sentido, asevera que «han eludido de forma consciente con pasividad e inacción sus obligaciones de control e inspección que recoge la normativa».
Dos locales de ocio y un restaurante en el punto de mira
La denuncia se centra en tres socios responsables de dos locales de ocio nocturno y un restaurante, todos situados en la calle Bonaire. La fiscalía asegura que los tres establecimientos estuvieron eludiendo durante varios años la normativa de control acústico. Con falta de limitadores de sonido o bien aparatos que no han estaban conectados al sistema municipal. Una situación que se habría prolongado hasta el 2019. Los administradores de los negocios deberían obviado «de forma deliberada» el cumplimiento de la normativa municipal. Y el fiscal afirma que eran conscientes de las molestias que la música causaba a los vecinos. En el caso de los locales de ocio, asegura que los dos establecimientos actuaban a efectos prácticos como una discoteca a pesar de la licencia de actividades no les permitía tener pista de baile.
En relación al restaurante, constata que el establecimiento hacía espectáculos musicales seis días a la semana. Con un equipo de sonido que tampoco estaba debidamente reglamentado ni bajo supervisión del consistorio. Para comprobar el impacto de la música de los tres establecimientos, el fiscal detalla que en 2018 los Mossos y personal técnico especializado de la Generalitat hizo estudios desde varios pisos del lado de cada uno de estos negocios. Todos los resultados obtenidos, subraya, superaban los límites permitidos: se llegaron a detectar impactos de entre 30 y 43 dB, cuando el tope está entre 25 y 30 dB. Debido a la superación del volumen de la música, la fiscalía asegura que los vecinos de la zona han sufrido insomnio, nerviosismo y fatiga. Alteraciones que, en varios casos, han requerido asistencia médica.
Molestias «sobradamente conocidas» por el Ayuntamiento
En la querella, la fiscalía considera que los culpables de la situación son tanto los responsables de los negocios como los técnicos municipales. Que debían supervisar que no se excediera el volumen. Afirma que las quejas de los vecinos eran «sobradamente conocidas» por los trabajadores del Ayuntamiento. Y señala directamente el ingeniero técnico municipal del periodo 1986-2012, y un homólogo del período 2002 hasta 2.018. También en considera responsable un técnico que en septiembre de 2017 fue designado como jefe del servicio de disciplina y sanciones, responsable de las licencias de actividades. Al mismo tiempo, el fiscal afirma que la documentación aportada por el Ayuntamiento hasta ahora recoge «graves irregularidades». En relación a las funciones de inspección y control de las actividades. Se refiere así a una falta de respuesta eficaz ante las quejas vecinales, a la inacción de los técnicos. «ante la evidente constatación de infracciones medioambientales». Y a la falta de celeridad ante expedientes sancionadores «que se dejaban caducar» o bien que quedaban archivados. La fiscalía considera «especialmente relevante a nivel penal» las varias veces en que los técnicos municipales denunciados no comprobaron qué establecimientos de ocio nocturno tenían los limitadores
